CASTILLA-LA MANCHA Y EL OBJETIVO DEL MILENIO 8

La Declaración del Milenio, firmada en el año 2000 por 189 jefes de estado y de gobierno, establecía una agenda global para el desarrollo, y marcaba en su Objetivo 8 las que serían las responsabilidades de los países a la hora de alcanzar los siete objetivos anteriores. Durante las negociaciones, este Objetivo fue el único incluido a propuesta de los países empobrecidos, y no fueron pocos los obstáculos que desde los más ricos se opusieron. Pero finalmente se llegó a un acuerdo, y todos firmaron el objetivo de “fomentar una asociación mundial para el desarrollo”.

España se comprometía a aportar más y mejor ayuda oficial al desarrollo; aliviar la deuda externa de los países más endeudados; establecer unas normas justas y equitativas en el comercio mundial; contribuir a la transferencia de tecnología a los países pobres; y también disminuir subsidios y aranceles que obstaculizan su crecimiento y en ocasiones incluso suponen prácticas prohibidas por nuestras leyes internas, como es el caso del dumping. La importancia de estas medidas radica en que apuntan directamente a algunas de las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad.

De acuerdo con las evaluaciones de Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo del Milenio no se cumplirán en el plazo previsto (año 2015), y en muchos casos los indicadores señalan un empeoramiento de la situación. Podemos apreciar un motivo claro para todo ello: la falta de voluntad política, que se traduce en el incumplimiento de los compromisos reseñados en el Objetivo 8.

Castilla-La Mancha es una región con una importante trayectoria solidaria que no se puede quedar atrás en este momento. No son pocas las medidas de este Objetivo que deben tener su correlato en los distintos niveles de la administración descentralizada, - vinculada también por la Declaración-, sobre todo teniendo en cuenta que, en nuestro país, comunidades autónomas y entidades locales son actores de la Cooperación al Desarrollo.

Queremos llamar la atención sobre una de estas medidas, la de destinar el 0,7% del P.I.B. para Ayuda Oficial al Desarrollo. Y lo hacemos por dos razones. En primer lugar porque el compromiso presupuestario da la verdadera medida de la voluntad política más allá de las meras declaraciones. En segundo, porque éste es el escollo que está impidiendo la firma de muchos pactos políticos contra la pobreza que recogen nuestra contribución a este proyecto global.

Los pactos autonómicos y locales hablan en realidad de una cantidad mucho inferior, el 0,7% de los presupuestos totales. Se trata de multiplicar el esfuerzo en esta materia, sumando para que el Estado pueda cumplir con esta meta tras 37 años de asumirla y sucesivas renovaciones del compromiso. Comunidades autónomas y entidades locales aportan un 16% de la financiación para el desarrollo que se hace desde el Estado Español. Sin embargo, a pesar de que actualmente se advierte un crecimiento significativo de la contribución que se hace a nivel central, será difícil llegar al 0,7% del P.I.B. si no se aumentan los esfuerzos desde los demás ámbitos territoriales.

El momento parece propicio: según el C.I.S., casi un 70% de los españoles está a favor de que se dedique un 0,7% del P.I.B. para luchar contra el hambre y la pobreza; en marzo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), emplazaba a los países ricos a incrementar sus ayudas, recordando a sus miembros que hace ya más de tres décadas se les solicitó destinar el 0,7% del P.I.B. con el horizonte puesto en… ¡1975! Cada vez son más las voces que desde la ciudadanía comparten esta demanda. El programa marco para elecciones municipales del PSOE ya recoge el compromiso de destinar el 0,7% de los presupuestos totales anuales, y en su manifiesto autonómico hace un llamamiento al aumento de los esfuerzos en este sentido.

Y sin embargo este mismo partido, a nivel regional o en la ciudad de Albacete, evita asumir una medida que, a la vista de las circunstancias, tarde o temprano terminará por adoptarse. Es el momento de ser valientes y seguir el ejemplo de los pactos ya firmados en Talavera de la Reina, Toledo, Cuenca, Ciudad Real, Guadalajara y Puertollano, todos ellos con el consenso de los partidos mayoritarios, salvo el caso de Puertollano. Por eso, desde la Alianza Regional contra la Pobreza no podemos hacer menos que apelar a todos los partidos políticos para que suscriban y cumplan las propuestas concretas que se recogen en los Pactos Contra la Pobreza, mostrando así una verdadera voluntad política y situando a nuestra región en el lugar que merece en materia de solidaridad.

Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha,

Miembro de la Alianza Castellano-Manchega Contra la Pobreza